Cuando Claudia Sheinbaum aseguró que el agua sería una prioridad en su administración, muchos sabían que una reestructura profunda era inminente. Ahora, con el anuncio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esa promesa comienza a tomar forma: más de 186 mil millones de pesos serán invertidos de aquí a 2030 en 37 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica que abarcarán las 32 entidades del país.
Una respuesta a una crisis nacional
El contexto no es menor: el 90% del territorio mexicano ha sufrido sequías en los últimos años, y el 70% de los ríos del país presenta algún nivel de contaminación. A esto se suma el desgaste del sistema nacional de agua potable, la sobreexplotación de acuíferos y el rezago en saneamiento.
La nueva apuesta del gobierno se presenta como el proyecto hídrico más ambicioso de las últimas décadas, con un enfoque integral, territorial y de largo plazo. No se trata sólo de obras: se trata de reconfigurar el acceso al agua como un derecho humano, un motor de empleo y un pilar para la resiliencia frente al cambio climático.
¿Cómo se distribuirá la inversión?
De los 186 mil 567 millones de pesos, 30 mil 885 millones se ejercerán ya en 2025, generando más de 65 mil empleos directos en la ejecución de las obras iniciales.
El plan incluye:
- 17 proyectos prioritarios de gran escala con una inversión de 122 mil 600 millones de pesos, que contemplan la construcción de presas, acueductos, plantas de tratamiento y desaladoras.
- El fortalecimiento del Programa Nacional de Tecnificación de Riego, con 62 mil 867 millones de pesos para modernizar 17 distritos y ampliar la superficie tecnificada de 200 mil a 240 mil hectáreas.
- 1,100 millones de pesos para el saneamiento y restauración de los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago, algunos de los más contaminados del país.
Proyectos que cruzan todo el mapa
Entre las obras destacadas se encuentran la Desaladora Rosarito en Baja California, la presa El Novillo en Baja California Sur, el Acuaférico San Francisco de Campeche, la presa Milpillas en Zacatecas y el Sistema Agua Saludable para La Laguna, que impacta a Coahuila y Durango. Es decir, no hay región del país que quede fuera de esta agenda.
¿Y ahora qué sigue?
El reto no será solo ejecutar la inversión, sino hacerlo con enfoque ambiental, transparencia y participación social. La magnitud del anuncio es positiva, pero también lo es la urgencia: los conflictos por el agua ya son cotidianos y la desigualdad en su acceso es evidente.
Este es un primer paso. Quedará por ver si la infraestructura llega a quienes más lo necesitan, si los ecosistemas recuperan su cauce y si este plan se convierte realmente en una transformación estructural del sistema hídrico nacional.